Una decisión que casi le cuesta miles de millones de dólares al país: la historia del juicio por YPF
Por: Mirko Plenk.
El 16 de abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner, entonces presidente, anunció en cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF. "No es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía", aseguró la exmandataria. El 3 de mayo de 2012, el Congreso argentino aprobó la Ley 26.741 que declaró de "utilidad pública" el 51% de la empresa más grande del país. Ésto obligó al Estado a expropiar la participación de la empresa española Repsol. Se dio con 208 votos afirmativos en la Cámara de Diputados, un mes después del aval del Senado por 63 a 3. La ley impulsada por el kirchnerismo, pero apoyada también por parte de la Unión Cívica Radical (UCR), peronistas opositores, Proyecto Sur y otros bloques, se convertiría en un dolor de cabeza para el futuro del país. El diario Clarín advertía en su titular: "Repsol considera 'ilícita' la expropiación de YPF y anuncia medidas legales". Página 12, mientras tanto, festejaba: "VOLVIÓ YPF", escribieron aquel día. Pero, ¿por qué fue un problema?
Para entender por qué el Estado argentino pasó a afrontar un juicio de tal magnitud, es necesario remontarse al año 1993. En aquel momento, el gobierno de Carlos Menem impulsó la privatización de YPF, lo que la llevó a cotizar en los mercados internacionales. Durante ese proceso, se aprobó un estatuto que incorporó una cláusula para proteger a los accionistas minoritarios. Así, quedó establecido que aquella compañía que obtenga más de la mitad de las acciones de la empresa y pase a tomar el control de la misma, debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por las acciones restantes. Esta medida buscaba una igualdad de condiciones para todos los accionistas al momento de un cambio de mando en la empresa. No obstante, el entonces viceministro de economía Axel Kicillof, hoy gobernador de la Provincia de Buenos Aires, argumentaba en el Congreso que no correspondía pagar esta cláusula, ya que implicaba abonar un costo mucho mayor por la compañía.
En 2012, cuando Argentina expropió el 51% de YPF, lo hizo sobre las acciones de Repsol, pero ignoró las que poseía el Grupo Petersen, que entre 2008 y 2011 había adquirido el 25% de la petrolera. Luego de esta medida, las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora colapsaron y no pudieron pagar los dividendos, lo que llevó a su quiebra declarada por un juzgado de Madrid. Por ende, el grupo inició una demanda, la cual fue comprada a cambio de 15 millones de euros por Burford Capital, un fondo que se dedica a comprar ese tipo de litigios y sostenerlos por años. Por este tipo de prácticas, el expresidente Alberto Fernández lo consideró un "fondo buitre", al acusar al actual mandatario Javier Milei de estar a favor del mismo y no de Argentina.
Entonces, en 2023, la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York condenó al país, al entender que Argentina actuó como un inversor privado y debía cumplir con la cláusula impuesta al momento de la privatización de YPF. Ésta sentencia por el incumplimiento de la igualdad de oferta, obligaba al Estado a pagar 16 mil millones de dólares a los accionistas afectados. La jueza explicó el motivo de la resolución.
La República perjudicó a los demandantes porque tenían derecho a recibir una oferta pública que les hubiera proporcionado una salida compensada, pero no lo hizo.
En ese contexto, el presidente Javier Milei apuntó contra Kicillof. "Haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK", escribió en su cuenta de X. Sin embargo, agregó: "Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales". Así sucedió. El Estado argentino apeló ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, con el argumento principal de que Preska malinterpretó el derecho argentino, desconoció principios de inmunidad soberana y el carácter de orden público de la ley de expropiación.
Finalmente, el 27 de marzo de 2026, la Corte de Apelaciones falló en favor de la Argentina y revocó el fallo que la obligaba a pagar a los accionistas. En una decisión por 2 votos contra uno, los jueces Denny Chin y Benn Robinson votaron a favor de la anulación de la condena contra Argentina, mientras que José Cabranes lo hizo a favor de los demandantes. Mediante el texto oficial, explicaron las razones de la decisión.
Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento.
Una vez conocido el fallo, las acciones de Burford Capital cayeron más de 47% en un día, perdiendo casi la mitad de su valor en la bolsa de Nueva York. Por su parte, las acciones de YPF cerraron con un aumento de 3,4% en Wall Street y 5,4% a nivel local.
Las repercusiones entre los políticos no tardaron en llegar. A través de redes sociales, en radio y otros medios, se vieron festejos, acusaciones e insultos. El presidente Javier Milei, en un acto en su visita al Centro de Formación de Capital Humano, apuntó contra el exministro de economía que lideró la expropiación de YPF: "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del imbécil de Kicillof durante el gobierno de la corrupta de Cristina. (...) El kirchnerismo convierte los recursos del Estado en botín de guerra para sus organizaciones, los parasita y los deja en la ruina". Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires también cuestionó al líder libertario. "Era muy malo que el Presidente, para insultarme a mí, se dedicara a dar razón a quienes atacan a la Argentina. Los abogados del Estado seguían nuestra línea y fue la que terminó imponiéndose. El juicio era absolutamente absurdo. Me cansé de decir eso. Una pena lo del Presidente. Lo que acaba de decir el tribunal es que él nunca tuvo razón", sostuvo en comunicación con Radio con vos.
A su vez, Alberto Fernandez también disparó contra Milei a través de un posteo en su cuenta de X.
"Ganamos" dijo el mosquito...
Lamento que el desequilibrado que nos gobierna, festeje un resultado que jamás buscó. Contrariamente, se puso del lado de los fondos buitres que nos demandaban.
Además, intentó adjudicarse parte de esta victoria, al asegurar que el resultado fue gracias al trabajo de la Procuración del Tesoro durante su gestión y la labor de los abogados contratados por YPF en Estados Unidos. Por último, se dio una disputa entre Cristina Fernández, quien inició esta historia al impulsar la expropiación, y el exmandatario Mauricio Macri. En su cuenta de X, Fernández agradeció y felicitó a los abogados que llevaron a cabo la defensa argentina. Más tarde, Macri apuntó contra ella en la misma red social. "Termina una pesadilla que comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner con una expropiación ilegal. (...) Es indignante ver hoy a Cristina presumiendo desde su prisión domiciliaria que este fallo le da la razón a aquel atropello".
