Explotación sexual y trata virtual: así operaba Argetina Casting

Por: Mirko Plenk.

En Argentina, la línea telefónica 145 funciona para denunciar casos de trata y explotación de personas. El 12 de septiembre de 2024, en las oficinas del Ministerio de Justicia de la Nación, el teléfono de esta línea sonó. Del otro lado de la llamada, se encontraba una mujer en la ciudad de Posadas, dentro de la provincia de Misiones. En esa comunicación denunció que una persona, que a ella le aparecía en redes sociales bajo el nombre Gian Nuñez, le había ofrecido $500.000 para grabar un video de contenido sexual. La propuesta incluía un contrato en el que se establecía una promesa clave: Nuñez se comprometía a difundir el material solo en redes del extranjero. Con esta condición, la mujer aceptó. Sin embargo, era una trampa. Tiempo más tarde, el video circularía por su ciudad y llegaría incluso a sus familiares y amigos. Pero esta denuncia no se trataba de un caso aislado, sino de la llamada que destapó un sistema organizado de trata virtual.

Una vez que el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Colombo, elevó la denuncia, se recibieron más llamadas de víctimas acerca de este caso. Así, la Justicia se encontró con que la mujer de Misiones no era la única víctima, sino que decenas de mujeres habían caído en la trampa. Los investigadores, al avanzar en el caso, notaron algo clave: siempre aparecía el mismo hombre detrás de estos videos. Según la causa, Nuñez no solo era el cerebro detrás del contenido, también era el protagonista.

Gianfranco Gaspar Núñez, de 30 años y nacido en Rosario, en la provincia de Santa Fe, se encuentra en el foco de una investigación federal que involucra, por el momento, a provincias como Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, entre otras. Según la causa, el hombre utilizaba redes sociales como Instagram para contactar a mujeres y ofrecerles empezar a trabajar en ciertas producciones audiovisuales. No obstante, cuando las jóvenes continuaban con la charla, se daban cuenta de que éstas grabaciones serían de contenido sexual. Si bien la primera denunciante recibió medio millón de pesos, el pago a algunas de las víctimas arrancaba en 70 dólares.

¿Cómo operaba?

Según la investigación llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, Nuñez se presentaba ante las jóvenes de entre 18 y 22 años como productor audiovisual. Lo hacía a través de dos cuentas de Instagram: Argentina Casting y Gian Casting. Una vez llegado al acuerdo, organizaba encuentros en hoteles o departamentos temporarios, filmaba relaciones sexuales y las publicaba en grupos públicos de Telegram o los vendía sin cumplir con el acuerdo territorial.

Agostina Mas, una de las víctimas que habló con medios televisivos para contar lo ocurrido, aseguró en entrevista con el canal A24: "me ofreció grabar un video sexual y me pagaba 200 dólares firmando un contrato que decía que no se iba a publicar dentro de Argentina". Sin embargo, aclaró que Nuñez no le permitió quedarse con una copia de ese contrato y que el mismo estaba escrito en inglés.

"Lo hice para calmar mi ansiedad porque le debía plata a mi expareja, que me estaba hostigando para que le pague. Yo era chica y no sabía cómo pedir ayuda".

¿Cómo lo atraparon?

A lo largo de su columna en el programa Antes que Nadie, en el canal de streaming Luzu TV, el periodista de policiales Rolando Barbano contó de qué manera atraparon a Nuñez, quien hoy se encuentra en prisión preventiva por 90 días. "Hubo un agente revelador, en este caso fue una mujer que fingió caer en la trampa", contó Barbano. Luego, agregó: "fue citada a un hotel donde estaba Gianfranco Gaspar Nuñez, quien pretendía tener relaciones sexuales con ella y filmarlas a cambio de dinero". El periodista señaló que, de esta manera, se descubrió que no solo ocurría este tráfico de material no autorizado, sino que además existían situaciones cercanas a la extorsión. Éstas consistían en pedirle dinero a las víctimas a cambio de no mostrar los videos a parejas, familiares o amigos.

Por el momento, si bien son ocho los casos judicializados, la fiscalía considera que el número de víctimas podría elevarse de manera considerable. Durante los allanamientos en Rosario, Buenos Aires y Posadas, se secuestraron contratos, computadoras, discos rígidos, cámaras y más de 150 videos.